De la Rosa Leal, M. E.

166

Vol. 7, núm. 20 / mayo agosto del 2022

infestación que en marzo de 2022, reporta más de 462 millones de personas contagiadas y la muerte estimada de 6.05 millones de personas alrededor del mundo (Google a, 2022), de las cuales corresponden a México 5.61 millones de personas contagiadas y 321 mil muertes relacionadas (Google b, 2022).

El contagio del COVID-19, ha presentado escaladas intermitentes de incremento, el surgimiento de nuevas cepas del virus y curvas de ampliación del contagio en todos los países (Leoni, y otros, 2021), en específico en Estados Unidos de Norteamérica, India, Brasil y China (Google a, 2022).

El COVID-19, se ha enfrentado con investigación, vacunas, distintos controles como: confinamiento, medidas sanitarias, medidas de control de movilización, campañas de inmunización, abastecimiento de vacunas, presupuestos extraordinarios, rápida capacitación del personal médico, reestructura y fortalecimiento del sistema de salud alrededor del mundo. Sin embargo todo ello se ha enfrentado a distintas posiciones culturales y políticas en cada país, existiendo protestas y manifestaciones de rebeldía social e incluso conductas violentas, poco justificadas ante la disciplina sanitaria y el acatamiento de las disposiciones, las cuales han distendido y propiciado la dispersión del contagio y su continuidad. Como ejemplo a ello, entre los países con protestas a la medidas sanitarias y la vacunación obligatoria, abogando por “una libertad se encuentran Atenas, Helsinki, Londres, París (Associated Press, 2022), Canadá, Nueva Zelanda (France 24, 2022), Alemania y Australia (Europa Press, 2022; France 24, 2021).

En el contexto de la pandemia, se han dado presiones, tensiones económicas, políticas y sociales, tanto en la cooperación internacional, solidaridad internacional y

reconstrucción nacional, detonando rompimientos entre los intereses financieros y el apoyo social (Sachs et al., 2020), ampliando el alcance de la caída económica.

En este inesperado problema sanitario, varias empresas en México para protegerse económicamente, optaron por disminuir su planta laboral despidiendo personal, incrementando la jornada laboral y/o descontando del sueldo de sus empleados “días solidarios ”, bajo el argumento de la disminución de sus ingresos y la caída de su flujo de efectivo, ampliando la vulnerabilidad social y dañando la cobertura de necesidades básicas de la población desempleada o subempleada.

Entre las consecuencias observadas al cierre de 2020, está la contracción del empleo formal en México en un 6.6 % (Torres, 2020), la ampliación de servicios tecnológicos y de mercadotecnia para atender un nuevo mercado digital, la disminución del consumo, baja en la contratación de personal y barreras en el flujo del ciclo productivo (Torres, 2020), profundizando las desigualdades sociales y el cierre de negocios.

Estas decisiones de ajuste económico por parte de las empresas, han evidenciado una disonancia entre los propósitos sociales, ecológicos y financieros, y la necesidad de una colaboración colectiva e interdisciplinaria para enfrentar y superar las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y ambientales (Leoni, y otros, 2021).

En contradicción, dentro del marco sanitario se han observado conductas de descuido o desatención de las medidas por distintas organizaciones económicas, e incluso por las personas, que menosprecian o descalifican estas medidas, subordinando las actividades y conductas a sus intereses económicos o las exigencias de sus empleadores, lo cual ha favorecido crestas de contagio y descontrol sanitario en distintas regiones de