Santini Rodríguez, F. J.

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Vol. 8, núm. 22 / enero abril del 2023

Conclusiones y Recomendaciones

La reciente autonomía adquirida por el ISAF viene a darle cierto grado de independencia, sin embargo, sus nuevas atribuciones que le da la Ley de Fiscalización del Estado y la Ley General de responsabilidades administrativas como son tener áreas especializadas en investigación y substanciación se encuentran en etapa incipiente.

La integración de los informes de presunta responsabilidad administrativa (IPRA) son la parte medular del proceso para fincar responsabilidades (faltas no graves y faltas graves), es decir un expediente con deficiencias y omisiones terminara siendo desechado y archivado, por lo tanto, estas áreas tienen que empezar a tener mayor relevancia y no solo quedarse en la parte de la auditoria.

Uno de los principales incentivos para no cumplir con las observaciones derivadas del proceso de fiscalización dictadas por el ISAF, están ligadas íntimamente con las limitadas facultades para la aplicación de sanciones. En esa línea los organismos de vigilancia, fiscalización y aplicación de la Ley, en la medida que estas instituciones hagan uso de sus facultades para responsabilizar y sancionar a los sujetos obligados, en este caso los Ayuntamientos y servidores públicos, en esa medida existirá voluntad para cumplir.

En el corto plazo se debe poner en la mesa de discusión una nueva Ley General de Fiscalización para homologar las técnicas de revisión, clasificación de observaciones, presentación de resultados, integración de expedientes y en general las actividades de fiscalización, así como contar con facultades para requerir información a las instituciones bancarias y al Sistema de Administración Tributaria, (SAT), y en su

caso, como resultado de los procesos de auditoría, determinar o promover responsabilidades a los servidores públicos y particulares involucrados.

En las actuales circunstancias el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora juega un papel determinante para la aplicación de sanciones, por una parte, hay que adecuar el marco normativo, que más que ser un aliado resulta al parecer un obstáculo para aplicar la Ley. Y por la otra parte hay que crear nuevos mecanismos de vigilancia que incluyan a los ciudadanos en el proceso de fiscalización.

Referencias

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