Santini Rodríguez, F. J.

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Vol. 8, núm. 22 / enero abril del 2023 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v8i22.195

Pp. 19-45

“La Fiscalización Superior en México constituye un instrumento fundamental del Estado para evaluar la gestión del gobierno y para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas que ejecuta, pero también para ubicar, corregir y sancionar prácticas irregulares o ilícitas, con lo cual los gobernantes puedan rendir cuentas al pueblo ” (Michel, 2009, p.23).

La fiscalización está orientada a “auditar la legitimidad de las actividades de los funcionarios públicos y las instituciones responsables de la administración de los bienes públicos ” (Velásquez e Insuasti, 2014, p.13). La auditoría gubernamental no solo es importante para detectar y disuadir de actos de corrupción; también contribuye para mejorar la gobernanza. La auditoría independiente y efectiva de las finanzas del gobierno es esencial para mejorar la credibilidad del gobierno y garantizar la probidad de la administración pública.

La fiscalización se puede entender como un control externo llevado a cabo por una institución independiente a la entidad auditada, que se realiza a partir de una serie de principios y normas establecidos en las leyes en la materia. En cambio, el control interno (Órganos Internos de Control) se refiere a un proceso de auto-vigilancia, comprende un conjunto de mecanismos de intervención al interior de las instituciones gubernamentales.

La fiscalización viene a establecerse como instrumento central e indispensable de la rendición de cuentas que debe contar con los mecanismos e instrumentos necesarios para prevenir, revisar y hacer efectivas las medidas correctivas en el uso y destino de los recursos públicos.

Los instrumentos de rendición de cuentas que señala la LGRA son tres, la declaración patrimonial, la declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, que tiene por objetivo la prevención,

control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción en relación con la evolución patrimonial.

En ese sentido, el principal objetivo de los órganos fiscalizadores consiste en revisar que los entes gubernamentales cumplan con la obligación de entregar cuentas claras sobre los ingresos y destino de los recursos públicos asignados en el presupuesto, así como los logros de los objetivos y metas en el ejercicio. La conformación de instituciones públicas sólidas entre ellas las de fiscalización, aminoran los espacios para que se lleven a cabo actos de corrupción. Por el contrario, en la medida que las instituciones del Estado son débiles hay una mayor probabilidad para los actos ilícitos.

Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), tradicionalmente denominadas instituciones de auditoría superior son aquellas entidades encargadas de supervisar el ejercicio y destino del presupuesto gubernamental, proporcionando evidencia a través de sus informes de auditoría y/o resultados. Son instituciones clave de responsabilidad horizontal (O ’Donnell 1998), que deben contribuir para combatir la corrupción y mejorar la gestión pública.

En las dos últimas décadas las EFS han asumido progresivamente una extensa variedad de roles, ampliando su campo de acción. Han asumido nuevas tareas y adoptado distintos enfoques de auditoría gubernamental, lo que llevó a una modificación del modelo de control de las finanzas públicas. Se hace más énfasis en los aspectos de eficiencia y efectividad del gasto público, a través de auditorías de desempeño y buscan verificar el cumplimiento de objetivos, metas y el logro de resultados. (Santiso, 2006) pasando a segundo plano la aplicación de sanciones.