Mancilla-Rendón, E., y Rincon Soto, I. B.

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Vol. 10, núm. 28 / enero abril del 2025

gasto público. El aporte está en la relación del SINACC y las autoridades acreditadoras. La implicación es que el SAT debe de relacionarse con las instancias gubernamentales y el SINACC. Nuestra contribución es el enfoque innovador de la estrategia nacional del cuidado al medio ambiente y la evidencia de la fusión de las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y las donaciones.

Palabras clave: donatarias, organizaciones no lucrativas, medio ambiente.

Abstract

Civil society organizations and public administrations receive donations to mitigate the effects of climate change. The objective is to analyze non-profit organizations that receive tax-deductible donations to carry out environmental protection activities, and their links with the federal public administration that executes the expenditures and the accrediting institutions in environmental protection, in order to understand how they influence the National Climate Change System (SINACC).

This is a descriptive-cross-sectional study of authorized donees, using a critical hermeneutic approach using data from INEGI, the SAT list, and global funds, in light of Pigouvian taxes. The results reveal that in 2023, 392 authorized donees predominated with environmental protection activities related to the SAT and the federal public accrediting administration, with no evidence of public spending. The contribution lies in the relationship between SINACC and the accrediting authorities. The implication is that the SAT should engage with government agencies and SINACC. Our contribution is the innovative approach of the national environmental care strategy and the evidence of the merger of government authorities, civil society, and donations.

Keywords: Entity authorized to receive donations, Non-profit organizations, Environment.

Introducción

México es un país con una gran extensión territorial y con diversidad en sus ecosistemas (bosques, desiertos, pastizales, lagos, volcanes, manglares y zonas marinas) que se distribuyen en las treinta y dos entidades federativas, y cada estado posee sus propios recursos naturales (OECD, 2023). El cambio climático incide severamente en esta biodiversidad, y los efectos son cada vez más notables como el incremento de la temperatura, la escases de agua que provoca sequias en las distintas regiones, intensos huracanes, por mencionar algunos (Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024; Almagro, 2007; ESMAP, 2010). Estos fenómenos meteorológicos llegan a ser más cambiantes e impredecibles, y quizá en el deterioro al medio ambiente participa de forma directa la población, aunque no consiente tal daño, por ejemplo, con el uso del combustible para el uso del automóvil. Para afrontar dichos efectos, el Gobierno Federal estableció desde hace más de tres décadas la política pública Estrategia Nacional de Cambio Climático (OECD, 2023) e instrumentó el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC).

El cambio climático tiene su efecto en todo el mundo. Ante esta circunstancia, en el ámbito internacional se han creado fondos globales ya sea el Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund, GCF, por sus siglas en inglés) o Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility, GEF por sus siglas en inglés) que otorgan Organismos Financieros Internacionales (OFI) para ayudar a mitigar el daño al medio ambiente. Dichos fondos están destinados a cooperaciones técnicas no reembolsables o mediante donaciones que recibe el gobierno federal o el gobierno estatal como beneficiarios del recurso, partidas que son aprobadas por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Las entidades de la administración pública gubernamental federal o estatal, suelen ser los ejecutores de las