Mancilla-Rendón, E., y Rincon Soto, I. B.

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Vol. 10, núm. 28 / enero abril del 2025

DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v10i28.253

Pp. 19-42

donaciones, y “en algunos casos, el OFI lleva a cabo la ejecución en lugar del beneficiario, a fin de facilitar los procesos ” (GEF, 2020). Las donaciones entran a la hacienda pública como un ingreso fiscal y está reconocido en la Ley de Ingresos. Las administraciones públicas ejecutan, o gastan este dinero, a través de los “programas ” que están en el presupuesto de egresos para formar parte del ciclo presupuestario (GEF, 2020), sea de la federación o de las entidades federativas.

Ahora bien, la política pública del sistema al cuidado al medio ambiente (SINACC) está vinculada con la sociedad a través de la conformación de organizaciones, sociedades civiles y fideicomisos buscando en conjunto mitigar el efecto del daño al medio ambiente. Dichas organizaciones son de tipo “no lucrativas, privadas, y de servicio a terceros ” (García, et al., 2009), son entidades que se constituyen ante la autoridad civil para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Prevalecen organizaciones civiles, fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro que en la generalidad reciben donativos como parte de sus ingresos para desarrollar diversas actividades relacionadas con el cuidado y protección del medio ambiente.

En este contexto, se requiere de una mayor participación de la ciudadanía en las organizaciones sin fines de lucro porque hay ecosistemas mexicanos que tienen especies que están en peligro de extinción; su hábitat está siendo agredido por los efectos del cambio climático (ESMAP, 2010), y también por las malas prácticas de grupos que no procuran el cuidado al medio ambiente. La sociedad necesita tomar conciencia sobre la importancia de cuidar y fortalecer los ecosistemas porque México es una país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático (Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024; ESMAP, 2010; Viniegra

y Boyd, 2001) y los recursos naturales no se renuevan con la prontitud esperada.

En efecto, México se encuentra en un proceso de fortalecimiento económico en el que se vincula una fuerza empresarial-comercial internacional (Viniegra y Boyd, 2001) y el marco legal-fiscal favorece una relación de las actividades empresariales con las actividades sociales, las organizaciones sin fines de lucro o donatarias autorizadas y las donaciones. De la lectura, surgen preguntas retóricas para conocer si existe la vinculación entre las administradoras públicas federales o estatales con las organizaciones con fines no lucrativos que se dedican a actividades del cuidado al medio ambiente y saber si hay en estas organizaciones se asigna el dinero de las donaciones que otorgan los Organismos Financieros Internacionales (OFI). ¿existe vinculación de las administración pública con las organizaciones con fines no lucrativos y la Estrategia Nacional de Cambio Climático? ¿en qué proporción el monto de las donaciones que reciben las organizaciones con fines no lucrativos, las donatarias autorizadas, provienen de OFI o qué tanto de un donativo deducible de impuesto?

La motivación del estudio reside en conocer cómo se protege el medio ambiente en México y quiénes coaccionan para este cuidado porque prevalece un entusiasmo filantrópico y generoso en el mexicano por la donación (García, et al., 2009). Se parte de la hipótesis que las donatarias autorizadas con este propósito tienen alguna vinculación con la administración pública federal o estatal, y las autoridades gubernamentales ambientales. El estudio aborda la donación como la figura legal-fiscal en el que la participación de la sociedad ha crecido y se ha consolidado a través de las organizaciones con fines no lucrativos que desarrollan actividades para el cuidado del medio ambiente, la ecología, las especies en peligro

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Las donaciones que recibe México por OFI se estiman en la Ley de Ingresos de la Federación como un ingreso por financiamiento (Artículo

40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). Constituyen el punto de partida para definir los programas presupuestarios que tendrán a cargo las dependencias y entidades, así como los recursos necesarios para cumplir sus objetivos (GEF, 2020).