Vega Campos, M. Á.

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Vol. 10, núm. 28 / enero abril del 2025

Abstract

Citizen participation has been addressed from various disciplines (sociology, political science, anthropology, law, economics, etc.) and theoretical approaches: classical theories, administrative theories, systems theories, theories of democracy, theories of the State, postmodernism, complexity theories, among others. Citizen participation is a valuable mechanism for the construction and consolidation of modern democracies, because it includes government institutions, political parties, citizens and other actors of civil society. For this reason, both the federal public administration of Mexico, as well as its state governments, have promoted legislation to regulate citizen participation in decision- making in public affairs. However, civil society ’s participation in public affairs is still low, even when there are legal mechanisms to influence public affairs. The purpose of this work was to review and analyze the legal framework of the Mexican states, which supports citizen participation in civil society, in order to have a general overview of the different mechanisms that society can use in socio-political and economic affairs in Mexico. The study also determines the states with the greatest progress in legal openness so that citizens can influence public affairs.

Keywords: Legal framework, citizen participation, Mexico.

Introducción

Las dinámicas sociales, económicas y políticas que imperan tanto a nivel local y nacional como en el ámbito internacional, han generado la necesidad de que los gobiernos, en sus distintos niveles –federal, estatal y municipal –, adopten medidas que promuevan una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Este fenómeno ha derivado en una nueva relación entre la sociedad y el Estado, en la que se observa una expansión y fortalecimiento del espacio público, logrado a través de la participación activa de la ciudadanía (Hernández & Chumaceiro, 2018).

En este contexto, Cunill (1995; citado por Hernández & Chumaceiro, 2018) señala la necesidad urgente de un sistema político e institucional que permita diversas formas de representación social. Dicho sistema es esencial para la reconstrucción de un orden social fragmentado por la creciente desintegración, además de favorecer nuevas formas de autoexpresión social. En consonancia con estas ideas, Cunill (1995; citado por Hernández & Chumaceiro, 2018) también plantea que:

[ …] la temática de la rearticulación de las

relaciones Estado-Sociedad adquiere otra perspectiva: el fortalecimiento de la sociedad civil se hace solidario con la construcción de la democracia y de la ciudadanía y remite a la propia democratización del Estado [ …] (pp. 861- 862).

Este escenario evidencia que lo público en el Estado es un proceso en continua construcción, donde la participación ciudadana juega un papel clave en la toma de decisiones gubernamentales. De esta manera, lo público y lo político no se limitan exclusivamente al ámbito estatal, sino que se extienden hacia la integración activa de actores sociales, promoviendo la interlocución y negociación entre el Estado y la sociedad (Hernández & Chumaceiro, 2018).

Dado que la participación ciudadana involucra a diversos actores con intereses sociales, políticos, económicos y éticos frecuentemente divergentes, las organizaciones públicas han tenido que desarrollar mecanismos que sistematicen los procesos de interacción entre el Estado y la sociedad. En el caso de México, esta realidad ha impulsado la creación de varios instrumentos jurídicos utilizados en la administración pública federal y en los gobiernos estatales.

El propósito principal de este trabajo es revisar y analizar el marco jurídico que regula la participación ciudadana en las entidades federativas de la República Mexicana. A través de este análisis, se busca identificar los principales mecanismos de participación ciudadana