Vega Campos, M. Á.

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Vol. 10, núm. 28 / enero abril del 2025 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v10i28.271

Pp. 2-18

El artículo 5 de la LFCP establece que los temas de consulta popular deben tener trascendencia nacional. Para que un tema sea considerado como tal, debe cumplir con ciertos criterios, como: 1) afectar a la mayor parte del territorio nacional, y 2) impactar a una parte significativa de la población, según lo estipula el artículo 6. Además, el artículo 7 señala que votar en las consultas populares es tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos.

Por último, el artículo 10 de la LFCP detalla los requisitos para participar en una consulta popular: I. Ser ciudadano mexicano conforme al artículo 34 de la CPEUM; II. Estar inscrito en el Padrón Electoral; III. Tener una credencial para votar vigente; y IV. No estar suspendido de los derechos políticos.

Metodología del estudio

Este estudio es de enfoque cualitativo y se fundamenta en una revisión documental exhaustiva. Se consultó la página electrónica del Congreso de la Unión de México, accediendo a bases de datos normativos de los Congresos de las distintas entidades federativas del país. En cada entidad se revisaron las leyes cuyo título incluyera el término "participación ciudadana". Si no se encontraba ninguna, se realizaron búsquedas adicionales con los términos "referéndum" y "plebiscito".

A partir de la información obtenida, se creó una base de datos con los siguientes elementos: 1. Nombre de la entidad federativa, 2. Denominación de la ley, 3. Mecanismos de participación ciudadana contemplados en la ley, 4. Fecha de emisión o publicación de la ley, 5. Número total de artículos, y 6. Observaciones relevantes sobre la fuente consultada.

Este estudio es de carácter exploratorio y descriptivo, ya que no se manipuló ninguna variable, limitándose a la recopilación y análisis de la información disponible.

Revisión y análisis de resultados

A partir de la información recopilada, tal como se detalla en la Tabla 1 de este documento, se observa que México ha logrado avances importantes en la implementación de mecanismos que facilitan la participación ciudadana. En casi todas las entidades federativas, con excepción de Campeche, Estado de México, Puebla y Tabasco, se ha promulgado una ley que regula la participación ciudadana tanto a nivel estatal como en el ámbito municipal o local.

Este desarrollo normativo refleja un esfuerzo por fortalecer la relación entre los ciudadanos y el Estado, promoviendo una mayor inclusión de la sociedad en los procesos de toma de decisiones públicas. La existencia de marcos legales específicos en la mayoría de las entidades federativas indica un compromiso creciente con la institucionalización de la participación ciudadana, asegurando que esta sea un derecho accesible en diversas áreas del gobierno.

Sin embargo, es importante destacar que las entidades federativas que aún no han implementado este tipo de normativas pueden enfrentar un rezago en el fortalecimiento de los mecanismos de participación, lo que podría limitar el ejercicio pleno de este derecho fundamental en sus territorios. Este panorama pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la armonización y actualización de las leyes en todo el país, a fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a participar activamente en los asuntos públicos.