TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Abraham Andrade Espinoza

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Núm. 9 / septiembre diciembre del 2018

Marco de Referencial

Marco Teórico

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (2018), El Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) forman parte del nuevo modelo de cultura organizacional para el sector público denominado Gestión para Resultados (GpR), cuyo eje estratégico es enfocarse en los resultados y no en los procedimientos, como era característico del modelo previo del Presupuesto por Programas, de manera que, si bien interesa cómo se llevan a cabo los programas y acciones, la importancia fundamental corresponde al resultado de la aplicación de los recursos, en términos de su impacto en la atención de las necesidades sociales.

La reforma constitucional aprobada en 2007 y publicada en 2008, en materia de gasto público y fiscalización, derivó en un conjunto de adecuaciones jurídicas e institucionales para el logro de esta nueva visión sobre el ejercicio del gasto público, cuyo objeto es mejorar su calidad, eficiencia y economía en sus resultados.

Según Dionisio (2012), El PBR es una manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene como uno de sus fines generar información que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto (OECD, 2007); así como ofrecer la información que demanda la sociedad. El PBR es una manifestación más de la Nueva Gestión Pública (NGP), y tiene como uno de sus fines generar información que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto (OECD, 2007); así como ofrecer la información que demanda la sociedad.

El PBR fue diseñado tomando las mejores prácticas a nivel internacional, las necesidades específicas del país y su marco institucional. Dentro del PBR se consideró incluir, de acuerdo con las mejores prácticas que sirvieron de modelo, un sistema de evaluación del desempeño (SED) que se conforma de diversos procesos que permiten: i) evaluar los resultados de los programas federales; ii) retroalimentar a los administradores de dichos programas, y iii) mejorar la calidad de información que se entrega al Congreso y a la sociedad.

México no se ha quedado atrás en este esfuerzo. La estabilidad de su economía y sus finanzas públicas, desde finales de la década de 1990, ha permitido impulsar medidas para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Así, se determinó no sólo la necesidad de mejorar el nivel de ingresos en el sector público, sino también de utilizar mejor los recursos con los que ya cuenta el gobierno.

A partir de 2006, se introdujeran cambios sustantivos en el país; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales. Desde entonces, y a la fecha, se ha trabajado intensamente para que el PBR se convierta en una realidad en la Administración Pública Federal (APF).

En este sentido, el primer paso hacia la transformación en la administración de los recursos públicos se dio en 2006 con la emisión de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) la cual regula actualmente la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el control y la evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Posteriormente, se produjo la Reforma Hacendaria Integral de 2007 bajo la