TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Guadalupe Durazo Armenta

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Núm. 10 / enero abril del 2019

Según Arroyo Chacón, J. I. (2017: 13 –41). El término gobierno abierto cobra relevancia en el año 2009, debido a la iniciativa del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto; ello sin desconocer que ya existían algunas experiencias en este sentido, como las leyes de acceso a la información pública aprobadas por Gran Bretaña en los años setenta y otras previas. Pero, sin duda, es a partir del 2009 que este paradigma emerge sobre la mesa de discusión. Iniciativa que tuvo un gran impulso gracias a la creación, en 2011, de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) a la que hoy pertenecen 60 países y cuenta con un mecanismo independiente para evaluar el grado de avance de cada gobierno en torno a los planes que presenta para implementar el gobierno abierto en sus administraciones públicas.

Definición

Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los

servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente (Calderón, 2012: 27). Así, un gobierno abierto sería aquel en el que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los ciudadanos pueden “saber cosas ” (obtener información relevante y comprensible), “conseguir cosas ” (obtener servicios y realizar transacciones desde y con el gobierno), y “crear cosas ” (participar en el proceso de toma de decisiones (Ramírez y Dassen, 2012: 43). (González, Juan, Sánchez, J. (2015: 51 –73).

La OCDE propone seis acciones para un gobierno abierto:

1) crear mayor confianza en el gobierno;

2) garantizar mejores resultados al menor coste;

3) elevar los niveles de cumplimiento;

4) garantizar la igualdad del acceso a participar de la formulación de políticas públicas;

5) fomentar la innovación y las nuevas actividades económicas;

6) mejorar la efectividad mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos. (González, Juan, Sánchez, J. (2015: 51 –73).

Según los autores Conde C., & Gutiérrez, M. (2014: 237 –256). México está avanzando en la implementación de estrategias estructurales en torno a las reformas en los campos del servicio civil profesional, la reducción de trámites en normas de regulación del Gobierno federal y el Gobierno en línea (OECD, 2011c). En la revisión de la OCDE para la gobernanza pública en México, estas tres Áreas de la administración pública fueron examinadas como instrumentos para fortalecer el buen Gobierno.

Para el caso mexicano, las conclusiones y recomendaciones de la OCDE fueron agrupadas de la siguiente manera (OECD, 2011c: 24-27):

Las reformas administrativas deberán tener un rumbo estratégico y basarse en un enfoque integral de la gobernanza. Asimismo, requieren un enfoque de Gobierno general apoyado en la coordinación y en la comunicación entre las diversas organizaciones del Gobierno mismo.

La capacidad de implementación es clave para una reforma administrativa exitosa.

Es necesario crear una cultura de mejora continua, seguimiento y evaluación de los resultados de las reformas administrativas. Las reformas en los gobiernos subnacionales deben complementar los esfuerzos realizados a nivel nacional para generar