TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN
Miguel Ángel Vega Campos
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Núm. 13 / enero - abril del 2020
con relación al tema que aquí se trata que:
[ …] la Policía dedica ingentes esfuerzos para el control por el control mismo, bajo criterios de selectividad social y territorial, sin que ello tenga ningún correlato positivo en materia de prevención, investigación y conjuración del delito. Incluso podría señalarse que ese patrón de comportamiento afecta negativamente los perfiles de percepción y evaluación de la propia ciudadanía.
Esta investigación revela que hay un volumen importante de intervenciones diarias de la Policía sobre adolescentes y jóvenes, en especial en la vía pública. Además, un porcentaje significativo de los mismos son intervenidos de forma frecuente, lo que reafirma la idea de la focalización. Muchos de esos adolescentes y jóvenes reconocen que la intervención ocurrió en el último año, lo que tal vez indique la posibilidad de alguna subestimación cuando la referencia temporal es un poco más amplia (de haber subestimación, afectaría a los jóvenes mayores de 18 años).
Las normas que regulan las relaciones entre la Policía y la ciudadanía son escasamente conocidas por los adolescentes y los jóvenes, a lo que deberíamos sumar también [ …] que los propios policías trabajan sin conocimientos sólidos sobre su marco de actuación. A este desconocimiento, hay que agregar que la violencia policial apenas se denuncia: de los adolescentes y jóvenes que han recibido malos tratos de la Policía en cualquiera de las instancias analizadas, solo un 5% realizó la denuncia. Si el Estado no se hace responsable de desarrollar líneas de formación en materia de normas básicas que regulan las relaciones entre el uso de la fuerza y la ciudadanía, y al mismo
tiempo no se habilitan lugares e instancias de denuncias diferentes a las propias oficinas policiales, la violencia institucional seguirá naturalizada y el ejercicio del control estatal no podrá evitar una profunda deslegitimación.
El uso de la fuerza legítima debe ser regulado y controlado. Para eso se requieren normas que protejan los derechos y las libertades. Pero también son necesarias estrategias de transformación organizativa hacia un modelo de gestión policial orientado a la resolución de los problemas y atento a la calidad de los procesos. Si las policías continúan gobernadas por criterios reactivos de selección criminalizante y por pautas de eficacia tradicional (detenidos, procesados, encarcelados), sus formas cotidianas de funcionamiento tenderán a reproducir la violencia institucional (Montesriro, et al., 2016:75-79).
En el mismo tenor de ideas, derivado de un trabajo denominado “Influencia de las tecnologías de información y comunicación en la violencia de los niños, niñas y jóvenes en Guatemala ” , Villeda (2019:64), concluye lo siguiente:
Las tecnologías de información y los medios de comunicación destacan un notable interés en torno a los efectos negativos y positivos que pueden derivar de su uso, proporcionan oportunidades nuevas y apasionantes para explorar el mundo social, pero amenaza con socavar las relaciones y comunidades humanas, especialmente para las nuevas generaciones, por lo que es necesario tener en cuenta que se debe analizar y considerar diferentes alternativas para combatir los contenidos ilícitos aplicando la legislación existente o modificando a través de iniciativas de ley donde se defina la responsabilidad civil y penal a los usuarios,