Miguel Ángel Vega Campos

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Núm. 13 / enero - abril del 2020 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v13i0.79

Pp. 59-73

Es así que la política pública se define como:

Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener (Velásquez, 2009:156).

Para el caso específico que nos ocupa en este documento, resulta necesario hablar de políticas públicas de juventud, lo cual –como bien lo expone Pérez (2016) –, se trata de las políticas públicas orientadas a los jóvenes en la agenda de las actividades estatales. En este orden de ideas, Dina Krauskopf (2011; citada por Pérez, 2016:9-10) conceptualiza a las políticas públicas de juventud “como el principal instrumento de referencia de un sistema de acciones dirigidas a la juventud ”.

Sobre el mismo tema, se indica que:

El desarrollo de políticas de juventud y la investigación asociada a ella, resulta de especial complejidad pues requiere un continuo grado de conocimientos sobre la manera en la que las juventudes van cambiando y cuáles son sus características demográficas, culturales, sociales, de género, etnográficas, económicas, etcétera (Pérez, 2016:10).

Los autores coinciden en señalar que el trato dado por las políticas públicas a los jóvenes ha sido preponderantemente asistencial y sectorial (Pérez, 2016); ya que se ha visto a los jóvenes como sujetos pasivos y receptores de la ayuda del Estado en los más diversos ámbitos: educación, salud, empleo, por ejemplo; y sectorial porque dichas intervenciones han

estado agrupadas dentro de las políticas públicas orientadas al grueso de la población y no de manera específica para atender las necesidades de este sector.

Algunos autores como Ernesto Rodríguez (1999, citado por Pérez, 2016:13-18), proponen cuatro modelos de políticas públicas, para la atención de los menores y los jóvenes: 1) Educación y tiempo libre con jóvenes integrados y crecimiento económico . Este modelo de política de juventud se originó durante las décadas de mayor crecimiento económico reciente (1950-1980), es decir, en la época del boom económico que siguió a la posguerra y se concentró por una parte, en otorgar y extender los servicios educativos, y por otra, en atender el tiempo libre de los jóvenes; 2) Control social de jóvenes movilizados en un marco de crecientes tensiones . Este modelo de políticas de juventud estuvo asociado a la movilización juvenil organizada que propició la incorporación masiva de los jóvenes al sistema educativo. Dichas políticas, que han persistido con nuevas hibridaciones hasta nuestros días, se caracterizaron por el desarrollo de medidas de control social que fueron tradicionalmente desempeñadas por ministerios de gobernación o del interior; 3) Enfrentamiento de la pobreza y el delito en un marco de crisis generalizada. El desarrollo de este modelo a partir de 1980 estuvo vinculado con el fin de la era de crecimiento sostenido que había visto la economía internacional desde inicios de la década de 1950. Es bien sabido que en esta época comenzó a ser implementado el llamado modelo neoliberal en América Latina. Por otra parte “el monetarismo ”, doctrina económica en boga desde el llamado Consenso de Washington, comenzó a orientar los ejes de la política económica al plantear mayor austeridad en el gasto social, la privatización del sector público y la desregulación comercial; y 4) Inversión en capital humano en el marco de la transformación educativa. Este último modelo de