Miguel Ángel Vega Campos
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Núm. 13 / enero - abril del 2020 DOI: https://doi.org/10.36791/tcg.v13i0.79
Pp. 59-73
que forman parte del modelo anterior, en los que se omite el diagnóstico estructural de la vulnerabilidad como factor para explicar la conducta delictiva o antisocial. Si bien se reconoce una noción de riesgo, viene acompañada de otro concepto que es poco claro y que eventualmente puede reflejar un cúmulo de prejuicios que se traduzcan en obstáculos para la atención en los términos garantistas: la contaminación.
[ …], hay que señalar que sobresale el voluntarismo individualista dentro de las preceptorías para explicar casos de éxito o fracaso en la reintegración, y se deja en un segundo plano la necesidad de modificar el entorno del menor para mejorar su experiencia de vida en lo general. Ello puede entenderse como resultado de varias problemáticas, aunque una posible explicación es la aceptación implícita de discursos psicológicos hegemónicos, que llevan a pensar que el problema de los jóvenes con conductas antisociales es resultado de fallas particulares de familias, por lo que su solución depende igualmente de las disposiciones individuales de las familias y los jóvenes. Aunque también puede deberse a los recursos limitados con que cuentan las preceptorías, lo cual las lleva a desconsiderar acciones con el entorno inmediato de los adolescentes y jóvenes fuera de su familia (Niño et al., 2017:288-290).
Siguiendo con la revisión de la literatura en el contexto mexicano, se encontró un trabajo titulado “Jóvenes en prisión: aproximaciones antropológicas en torno a la política penitenciaria ” , mediante el cual se realizó un análisis del ejercicio punitivo por parte de las
instituciones estatales, específicamente el sistema penal y penitenciario, dirigido a jóvenes que se hallan en reclusión; mismo que fue realizado por Vázquez Martínez (2017), y en el que reflexiona lo siguiente:
En general, las políticas públicas son comprensibles por las concepciones producidas en relación al sujeto, la sociedad y el Estado. La política penitenciaria, en particular, emplea las nociones de infracción (delito), medida (pena), tratamiento especializado y reintegración social. Sin embargo, la principal construcción social de esta política es la de comunidades para adolescentes en conflicto con la ley (penal). En esta expresión está contenida la ideología de la política penitenciaria y de las instituciones que siguen sus métodos y estrategias.
La conceptualización de adolescente a partir de la noción de individuo trae diferentes derivaciones respecto de la política penitenciaria. Por un lado, el fuerte lazo que une la concepción de adolescente con ciertas teorías psicológicas promueve la idea de un sujeto social incompleto en vías de consolidarse en la adultez mediante cualidades adquiridas en los ámbitos familiar, académico y laboral, fundamentalmente. Por otro lado, estas cualidades sólo son realizables en un contexto económico, sociocultural e histórico donde la sociedad y los vínculos sociales no se hallen fragmentados, donde haya correspondencia entre la realidad social y la política pública que actúa en esa realidad.
Se sabe que las estrategias desarrolladas por la institución penitenciaria obedecen a los principios del modelo positivista que de ninguna manera observan en la norma penal una